La belleza y riqueza natural de la Sierra Nevada de Santa Marta se ha visto constantemente amenazada a través de los años no solo por el turismo voraz, sino por intereses económicos y políticos de grandes criminales y estructuras del poder.
En plena víspera de navidad el país cayó en la conmoción por el asesinato de la ambientalista y antropóloga Natalia Jiménez y su esposo Rodrigo Monsalve radicados hace siete años en Santa Marta. En su trabajo con la fundación Natura, Natalia se desempeñaba como gestora territorial del proyecto Magdalena Cauca Vive, considerado uno de los más grandes a nivel ambiental en el país y cuyo propósito es velar por la conservación de la cuenca del río Magdalena y Cauca. Además de ello, según el testimonio de su madre para Caracol Radio, «a ella la mataron por ser líder social y trabajar con los campesinos de la zona».
Por otro lado Clara Solano, directora de la fundación Natura, contó para el mismo medio que el trabajo de Natalia «consistía en el acompañamiento en terreno y en organización de talleres con las comunidades, con las mujeres. Entre los proyectos estaba uno para la concentración de humedales en bajo y medio Magdalena y Cauca».
No se a ustedes, pero a mi simplemente no me parece casualidad que a Natalia y a su esposo los hayan encontrado muertos en la zona de Buritaca, límite entre la Guajira y Magdalena (a 48 kilómetros de Santa Marta), encapuchados, maniatados y con símbolos de violencia. Por que así no haya habido una amenaza, es bien sabido por las autoridades que desde 2012 operan en la zona Los Pechancas (Antiguas Autodefensas Unidas de Colombia) y que desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas hoy como El Clan del Golfo han tomado fuerza en esta zona, siendo actualmente los que más han ganado terreno, debido a los golpes que la fuerza pública ha dado capturando a varios cabecillas de los pechancas.
Ambas organizaciones, tienen como fin dominar el poderío de tierras de la zona a punta de vacunas, plomo y muerte a quien se resista.
Se trata de un Gobierno de las sombras que dirige todo lo que pasa en esta zonas del Magdalena y en otros corregimientos cercanos como Tierralta, Córdoba, en donde mataron a la líder social María del Pilar Hurtado en frente de su casa y a la vista impotente de sus hijos. Un pueblo donde nada se hace sin el permiso del paramilitar de la cuadra según Andrés Chica, defensor de los Derechos Humanos quien tuvo que salir de la zona por amenazas luego de la muerte de María del Pilar en junio de este año.
María del Pilar, no era ambientalista, pero era una defensora que por valentía se enfrentó a la muerte, como en otros casos relacionados con la Sierra Nevada de Santa Marta. Las amenazas de muerte y asesinatos son solo algunos de los problemas más serios que ambientalistas, indígenas y trabajadores de esta zona enfrentan en su misión por defender los recursos naturales y socioculturales de la zona:
Los asesinatos
María del Pilar era líder social y la mataron por defender los territorios de su comunidad y denunciar lugares de desaparición forzada en el Cauca. Pero han habido otros casos relacionados con la Sierra Nevada de Santa Marta que las autoridades no parecen recordar y al contrario parecen querer naturalizar vilmente en asociación con los medios tradicionales, como lo han hecho en la última semana con el caso de Natalia y Rodrigo.
En 2004 fue asesinada Martha Hernández, directora del Parque Tayrona, en 2014, fue asesinado Fernando José Salas Nadjar, gerente de una de las empresas turísticas más importantes del sector. «Como responsables de este homicidio fueron capturados dos empresarios turísticos» según el portal web Opinión Caribe.
Este año se presentó el asesinato del guardaparques Wilton Fauder Orrego León, caso del que ya se había hecho una alerta temprana y según el director de Fiscalía seccional Magdalena :
«Los móviles del asesinato se dieron por la función que él desempeñaba, estaba en contra de la tala de bosques y demolición de inmuebles que no cumplían con los requisitos y otro tipo de sanciones que están íntimamente ligada a suelos«
Opinión Caribe, Silenciosamente Intimidante, Febrero de 2019.
Y para no irnos tan lejos, el pasado mes de noviembre Tito Ignacio Rodríguez Torres, jefe del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y defensor de los derechos ambientales tuvo que salir del país por amenazas de muerte contra él y su familia.
“Como tú sabes, John, la Sierra no es un lugar fácil para trabajar. En muchos parques del país tenemos serios problemas de orden público, deforestación, minería ilegal, megaproyectos, en fin. Pero aquí en el parque tenemos dos zonas de mucha complejidad”
Cuenta Tito Rodríguez en entrevista con Jhon Edward Myers para El Espectador, Noviembre de 2019.
Se refiere a las zonas del Parque Nacional Tayrona y La Lengüeta, esta última corresponde al sector ubicado en la vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los ríos Don Diego y Palomino, perteneciente al Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta.
Allí, según John Edward Myers, director de Innovación Social de Conservación Internacional Colombia:
«Existen también fuertes intereses de familias con un gran poder económico y político regional. Igualmente, se presenta un agudo conflicto territorial entre comunidades campesinas vulnerables y pueblos indígenas que se encuentran dentro del Parque Nacional y los resguardos indígenas»
El Espectador, Noviembre de 2019.
Otro de los casos de asesinato de ambientalistas que no es en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero si en Córdoba, a solo seis horas de allí, es el de la muerte de Mateo Matamala y Margarita Gómez, dos biólogos que murieron a manos del Clan del Golfo en 2011. Estaban terminando sus carreras, tenían planes de crear una fundación para niños campesinos y Mateo empezaría sus prácticas en Lorica en una reserva de manatíes.
El Puerto de las Américas en Taganga
Taganga es un corregimiento ubicado entre el Parque Natural Nacional Tayrona y el Parque Distrital Dumbira, el cual forma parte de la Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta y se reconoce nacionalmente por su tradición pesquera y turística.
Desde 2005 la Terminal de Graneles Líquidos del Caribe SAS (Terlica) solicitó licencia ambiental ante el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente de Santa Marta –hoy Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental (DADSA) para la construcción y operación de un multipuerto en la zona de Punta Voladero en Taganga.
En 2011 Terlica cedió la licencia a la Sociedad Portuaria Las Américas, para la construcción de un multipuerto. Ambas empresas son propiedad de la familia Dávila Abondano.
«Esta familia es reconocida como una de las más poderosas del Magdalena, con varios de sus miembros involucrados en escándalos nacionales como los que tuvieron lugar con el programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Además, se les acusa por presuntamente haberse apropiado de tierras despojadas en lugares como El Peñón, sur de Bolívar (Hacienda Las Pavas) en donde se han implementado cultivos de palma de aceite, lo que les ha valido boicot internacionales, como el sucedido con la firma Bodyshop de Reino Unido que adquiere sus productos. Gran parte de sus actividades se relacionan con el sector agroindustrial: banano de exportación y palma de aceite, de mucho peso en el departamento»
Puerto Las Américas: peligro inminente para Taganga, Periódico Universidad Nacional de Colombia, Agosto 2019.
Entonces bien, actualmente la producción del sector palmicultor sale al exterior a través de la Sociedad de Portuaria de Las Américas en la bahía de Santa Marta y los crecientes empresarios del sector vieron en 2015 la construcción de este puerto como una muy buena oportunidad, ya que no encontraban suficientes y exclusivas terminales de salida para el manejo de los aceites vegetales.
En ese momento la licencia fue aprobada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) quien otorgó la concesión para la construcción, administración y operación de un puerto privado, autorizando la ocupación temporal de zonas marítimas de uso público.
En 2017 la Sociedad Portuaria de las Américas pidió nuevamente la modificación de la licencia ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con el fin de movilizar hidrocarburos, derivados del petróleo y otras sustancias, aparte de los graneles líquidos que pensaron inicialmente. Tal licencia les fue concedida en 2018, para la construcción entre el emisario submarino de aguas servidas de Santa Marta (El Boquerón) y la desembocadura del colector pluvial norte, a 2 km de la playa de Taganga.
Así las cosas llegamos a 2019 en donde este proceso ya está en punto alarmante, pues el impacto ambiental negativo que la operación de este puerto traería para el sector es innegable.
«Este impacto se darían no solo por las olas generadas por su operación, la cual puede alterar el recorrido de los peces y acabar con los ancones de pesca de la bahía de Taganga –como lo han manifestado pescadores del lugar– sino por la privatización de áreas públicas y los riesgos de derrame de sustancias peligrosas que almacena o podría almacenar Terlica, muchas de los cuales son consideradas altamente inflamables, combustibles o tóxicas.
Cabe anotar que a la empresa se le han comprobado deficiencias al momento de aplicar los planes de contingencia, haciéndola merecedora de sanciones por parte de la autoridad ambiental, como ocurrió tras los derrames del 23 de abril de 2008 (ver Resolución MAVDT 1682 de 2008), cuando se derramaron cerca de 90 toneladas de aceite crudo de palma en el sector del emisario submarino, detrás de Punta de Betín, generando un efecto ecosistémico devastador, al alterar el equilibrio de las comunidades algales y del litoral rocoso que redujo la abundancia de la fauna del lugar, además de la muerte de colonias enteras de corales, de distribución restringida en el Caribe colombiano.»
Puerto Las Américas: peligro inminente para Taganga, Periódico Universidad Nacional de Colombia, Agosto 2019.
Contra esto no solo se han manifestado ambientalistas, sino líderes indígenas quienes han protestado por un desconocimiento de su población. Uno de los líderes Wiwa se manifestó diciendo que: «Nuestros territorios van más allá de los lugares en los que estamos asentados, sino también aquellos en los que residen los espíritus de la naturaleza».
Y es que la situación con la construcción de este puerto es gravísima, ya que debido a los antecedentes de los encargados y el propósito de su construcción no podemos esperar un tratamiento ecológico con el territorio. Es de vital importancia comprender que más allá de que no haya población en el lugar, el impacto de este tipo de construcciones afecta su dimensión biofísica, cultural y productiva.
La concesión del Parque Tayrona
Con la concesión para la administración del turismo en el Parque Tayrona, pasa algo muy similar que con la construcción del Puerto de Las Américas; las hermanas Claudia y Beatriz Dávila Zúñiga, están detrás de ello desde 2011 para la construcción en la zona de dos complejos eco turísticos de lujo, el hotel de 7 estrellas Six Senses y el proyecto Los Ciruelos.
«Las Zuñiga son hermanas de José Francisco Zuñiga quien llegó en el 2004 a la alcaldía de Santa Marta y que en el 2009 confesó haber recibido apoyo para la alcaldía de Hernán Giraldo, comandante del Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia. Fue condenado por el Juzgado Penal de Santa Marta a cuatro años y dos meses de prisión».
Duelo de titanes por el manejo del Parque Tayrona, Las 2 Orillas, Septiembre de 2019.
Los dos proyectos fueron demandados por ambientalistas, liderados por la fundación Misión Colombia y por los indígenas Arhuacos quienes defienden la Línea Negra, un territorio de tierras ancestrales sagradas donde no se puede construir.
Pues bien estas demandas tuvieron respuesta en 2012 cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), paso el caso al Sistema de Parques Naturales dirigido por Julia Miranda desde 2004, logrando que un juez fallara a favor de los ambientalistas e indígenas demandantes, prohibiendo la construcción de los dos proyectos y ordenando la consulta a los pueblos indígenas de la zona (Koguis, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos), quienes fallaron en contra debido a que en el territorio donde planeaban construir Los Ciruelos es un sitio ancestral y sagrado, en el que habita el espíritu de Mama Teiku y de vital importancia para el desarrollo cultural de estas culturas.
Pero las hermanas Dávila Zuñiga no se quedaron tranquilas y con espaldarazos que han recibido de su aliado el senador Álvaro Uribe, han podido interponer una demanda para tumbar la orden judicial que impide la construcción de estos proyectos y en la que se apoya Julia Miranda para que no se interrumpan estas zonas ambientales con megaproyectos de lujo (disfrazados de ecológicos) y en vez de ello se de paso a la ampliación del turismo pero con restricciones que permitan proteger el territorio natural.
Pero no acaba ahí, este 31 de diciembre se vence el periodo del actual operador turístico del Parque Tayrona, el francés y dueño de Aviatur Jean Claude Bessudo, por lo que se abrió una licitación para que las empresas interesadas en la nueva operación presentaran sus propuestas hasta el 23 de diciembre. Adivinen quienes son las más interesadas en ganar la licitación, sí, las hermanas Dávila Zúñiga. Donde la consigan pondrán a operar sus planes en el Parque Tayrona por los próximos 25 años sin restricción alguna y con el apoyo indudable del uribismo.
Minería en territorio Wiwa
Ya son varios lo años que llevan luchando los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta para que se pare la minería ilegal en la zona actualmente en manos de grupos criminales.
En 2014 pese a la demanda que impusieron los pueblos Kogui, Malayo, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa, solo se determinó hacerles previa consulta permitiendo que las actividades siguieran. Luego en 2016, estas comunidades se vieron en la obligación de poner una acción de tutela (recurso legal ante la justicia colombiana para hacer cumplir los derechos fundamentales) sin que a la fecha hayan tenido respuesta.
La minería implica grandes afectaciones al medio ambiente, impactando gravemente el agua, y la fauna marítima y terrestre. En algunos puntos analizados se han encontrado grandes índices de contaminación con altas concentraciones de metales pesados.
En vista de las negaciones jurídicas frente a una acción que permita parar la minería en el lugar, los indígenas buscaron apoyo en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) quien financió un estudio del impacto ambiental de esta práctica, con el fin de demostrar técnicamente a las autoridades que más allá de que este territorio es sagrado y ancestral, la minería también tiene efectos altamente graves para el medio ambiente y los procesos naturales de la zona.
Este informe se publicó con el título de Identificación de impactos ambientales y culturales por minería sobre el territorio del pueblo wiwa y fue financiado por USAID y llevado a cabo por La organización Applied Biodiversity Foundation (ABF), especializada en conservación biológica y cultural.
En el proceso del estudio, los indígenas mostraron gran preocupación principalmente por la acción minera ilegal, a cargo de grupos armados en el río Jerez, ubicado en el municipio de Dibulla, Guajira:
«Allí los investigadores tomaron muestras de peces —principalmente de lo que quedaba de la pesca— y las llevaron a un laboratorio para realizar pruebas de bioacumulación de metales pesados dentro de los organismos. “Cuando en el agua hay metales pesados, estos entran a la cadena trófica, se acumulan en el músculo del pez y cuando la gente se lo come, estos elementos son consumidos por la comunidad” Afirma Diego Casallas-Pabón, PhD en Ciencias Biológicas, director de la organización ABF y coordinador ambiental del informe.
Colombia: impactos ambientales y culturales de la minería en territorio wiwa, OCMAL.ORG, Noviembre de 2019
Pero el problema no acaba ahí, según el informe se pudo evidenciar una alteración en el PH del agua, el cual superó el límite máximo permisible para consumo (10,01 unidades de pH) y se destaca que «esto es consecuencia de los procesos de extracción de minerales, cuyos desechos son vertidos en el suelo y terminan por llegar a las aguas del río Jerez, que atraviesa el asentamiento dejando a su paso sus residuos, los cuales pueden afectar la salud y calidad de vida de la comunidad, junto con el deterioro de los recursos naturales y afectación de la biota”.
Como si fuera poco, los indígenas deben enfrentarse a las constantes amenazas de muerte que reciben por parte de grupos armados ilegales. En las conversaciones que tuvieron los Wiwa con ABF, mostraron su preocupación por estos hechos, además por el incremento de la presencia de títulos mineros ilegales que se asentaron en el lugar sin pedir su permiso.
La abogada Luisa Castañeda, defensora de las comunidades indígenas dijo al respecto para ocmal.org: «El auge de proyectos de construcción en departamentos como Cesar, Magdalena y La Guajira —donde se ubica la Sierra Nevada de Santa Marta— ha disparado las canteras ilegales que buscan suplir la enorme demanda de materiales de construcción en la región».
Dominio criminal del turismo
En cuanto empecé a hacer esta investigación encontré un informe de dos partes hecho por el medio de comunicación Opinión Caribe, en donde se cuenta, entre otras acciones, sobre el proceder de El Clan del Golfo y Los Pechancas para apoderarse de los dividendos que deja el turismo a los trabajadores locales.
Les piden vacuna por todo; desde una cuota por cada pasajero que transportan en las inmediaciones turísticas de la sierra, hasta un porcentaje por cada almuerzo que venden en los restaurantes cercanos.
Lo que más grave me pareció, es la opinión de uno de los trabajadores de la zona, quien asegura que:
“Uno siente una decepción de ver que el Gobierno no hace nada, uno llega a pesar que la misma fuerzas militares está detrás de todo esos grupos criminales porque suben y bajan pero no pasa nada. La Policía y el Ejército, saben quiénes son y no los capturan, y uno no los denuncia por temor y porque no tenemos pruebas. Si usted pagó siga en la ruta relajado”
Silenciosamente Intimidante, Opinión Caribe, Marzo de 2019
No quiero hacerles aquí un resumen del informe porque me parece que vale mucho la pena leerlo y enterarse de cómo estos grupos sucesores del paramilitarismo se han apoderado del turismo de la zona. Los invito a leer las dos de este especial aquí:
Silenciosamente Intimidante I
Silenciosamente Intimidante II
Sin duda la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta es grave, lo que preocupa debido a que es una zona en donde se están violando los Derechos Humanos impunemente y sin ninguna acción concreta de nuestro Gobierno.
Y con un actuar de las autoridades no me refiero a la toma de armas para mitigar la violencia, sino a la visibilización de un conflicto que tiene que dejar de normalizarse, además de la implementación de los acuerdos de paz:
«En el acuerdo de paz con las Farc quedó el punto 3.4, donde se habla de garantías, y dispone de 13 dispositivos jurídicos muy importantes; dentro de ellos está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; el mandato para esa comisión es crear la política de desmantelamiento del crimen organizado y ahí se llaman “sucesores del paramilitarismo”. Hicimos experiencias piloto para identificar quiénes son los financiadores de los grupos que asesinan líderes sociales, pues quien financia, mata y cada cierto tiempo cambia de sicarios. Con ese estudio no se ha hecho nada porque La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no ha avanzado»
Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, El Tiempo, Julio de 2019.
También es muy importante que se trabaje en un proyecto serio que permita restituir las tierras que actualmente están en manos de grupos ilegales aliados del narcotráfico, y entender el conflicto desde la vía política para hallar la paz con aquellos grupos ilegales que perjudican las comunidades en su desarrollo socio-cultural y medioambiental.
No es posible que en Colombia sigamos teniendo Gobiernos para quienes el asesinato de líderes sociales no es una prioridad, así como tampoco lo es la defensa de nuestra riqueza natural.
¿Cuáles son tus conclusiones? Déjame tus comentarios y debatamos un poco para la construcción de un criterio que nos permita avanzar como sociedad.
Sigue leyendo: ¿Por qué protesta el mundo?
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Tremendo trabajo.
Muchas gracias. Me llena de motivación tu comentario. Gran abrazo.
Great work!